La participación en Ushuaia

Nota publicada en www.eldiariodelfindelmundo.com

La participación de los vecinos es un principio rector de la Carta Orgánica de la ciudad de Ushuaia, que se entiende por la coyuntura en la que se redactó la máxima norma de la ciudad: la fragmentación política no permitió que ninguno de los bloques tenga mayoría propia (el MPF gobernaba la ciudad y buscaba la habilitación de la re-re-elección del ex intendente Jorge Garramuño), el inicio de las sesiones en diciembre de 2001 y una intensa intervención de ciudadanos y organizaciones sindicales y sociales de la ciudad en las distintas comisiones, particularmente en un espacio participativo que llevo el nombre de “información y debate ciudadano”.
Esa combinación de factores políticos, temporales y sociales culminó con un proceso Estatuyente en donde se incorporaron sistemas de participación extraordinarios para un Municipio argentino. El estatuto de la ciudad incluye un régimen amplio de audiencias públicas, la integración de vecinos dentro de la Junta Electoral Municipal, el libre acceso a la información, la banca del vecino, presupuesto participativo, consultas y plebiscitos populares, entre tantos otros institutos ciudadanos que permiten el rol activo vecinal entre elecciones.
Aprobada la constitución de la ciudad, fue necesaria una década para el inicio de la consolidación de la cultura política ciudadana que fue aprobada por los estatuyentes municipales. Pretender forzar este tipo de procesos es propio de una significativa incomprensión de las dinámicas sociales, que puede incluir una base autoritaria y elitista subyacente.


Con perspectiva histórica construida, una de las figuras políticas destacadas de la Convención Estatuyente fue la actual diputada nacional Liliana Fadul, convencional estatuyente que co impulsó enérgicamente la mayoría de estos dispositivos ciudadanos. A 11 años de su jura, la principal referente del Partido Federal Fueguino destacó en su discurso: “logramos los institutos más participativos que una Carta Orgánica puede desear tener. Y así es como, a pesar de que nos costó bastante, el Presupuesto Participativo pudo ser una realidad. Nos decían que era una utopía y que no iba a funcionar, y no sólo logramos los votos que nos faltaban para incorporarlo, sino además logramos que cuando se implementó fue realmente exitoso”.
Efectivamente la ciudad ya ha concretado cuatro consultas populares (algo sin precedentes en el país), más de cincuenta audiencias públicas, una activa utilización de la banca del vecino, la creciente práctica del presupuesto participativo, al igual que otros procesos públicos que implican la intervención comunitaria.
La participación de la ciudadanía es un componente moderno de la democracia representativa que genera permanentes tensiones en su aplicación, y necesita de una progresiva adaptación cultural para el efectivo ejercicio de mecanismos que ponen en juego una nueva dinámica de la administración del poder público. Entre otras variables, debe contemplarse la necesidad de un proceso sólido de adaptación entre autoridades y comunidad, de forma tal de forjar un nuevo vínculo político entre electos y electores.
Las P.A.S.O., por ejemplo, ya han demostrado que nos encontramos cerca del techo de crecimiento que puede darse en la dinámica del sistema de representación convencional: se garantiza transparencia y confiabilidad, se han incluido a los grupos minoritarios dentro del universo electoral y ya nadie duda de la calidad institucional de los procesos electivos. El malestar que genera la democracia guarda relación con los baches de representación que se producen entre elecciones y la baja efectiva en algunas políticas públicas centrales. También la incoherencia de aquellas autoridades electas que no tienen detrás ningún tipo de institucionalidad y que terminan por ejercer el mito de la representación desde el más puro personalismo, muchas veces fruto de una profunda incapacidad política.
En esas largas mesetas que se producen entre los comicios las autoridades se distancian de la ciudadanía y adoptan actitudes contrarias a la empatía política de épocas preelectorales. Justamente ese es el espacio que ocupan la amplía gama de institutos ideados para mejorar la vinculación entre los representantes y sus representados. Allí radica el desafío de las democracias de nueva generación: administrar los bienes públicos con mejores procesos y, por sobre todo, idear y consolidar una relación más confiable, dinámica y eficiente entre la ciudadanía y sus representantes.