Explicar en lugar de embestir

(nota publicada en el Diario del Fin del Mundo) La denuncia pública de Alejandro De la Riva y la secuencia de contestaciones por parte del gobierno, dominó la atención preelectoral. Consecuentemente, ello acaparó la semana pasada, el mayor espacio en los medios de comunicación de la provincia.  

La tensión corrió el eje de la discusión de fondo hacía una confrontación personal, cuando, en definitiva, la comunidad necesita contar con información para determinar sí lo denunciado configura un nuevo hecho de corrupción, o es simplemente un cruce de puños entre sectores opuestos.

La  cuestión de fondo no pasa por el ida y vuelta de descalificaciones, sino por despejar sí se pagaron o no coimas para agilizar expedientes de tesorería. Gran parte de la ciudadanía no disfruta que la conducción provincial se sumerja en un cuadrilátero de desprestigios mutuos. Justamente eso, no es lo que espera.


Entre los varios caminos posibles, el oficialismo optó por contestarle a De la Riva sus acusaciones cuando su obligación es explicar a la comunidad fueguina el rol cumplido por el ex presidente del IPRA, Adrián Arias, y el estado de situación de los tenedores de letras de tesorería.

Los gobiernos, tanto este como cualquier otro, tienen marcos de acción normados y sólo pueden hacer lo que tienen permitido. A diferencia de la actuación individual, rigen procedimientos específicos y su margen de maniobra está reglado dentro de la esfera de lo conocido como  “procedimiento administrativo”, y su respectiva rama del derecho. De la Riva, como cualquier otro ciudadano, puede hacer todo salvo lo expresamente prohibido. Son diferencias sustantivas de uno y otro lado, lo que implica responsabilidades diferentes.

En lo que hace al fondo de la cuestión, las estrategias eficientes de control de la corrupción, que han dado algún tipo de resultado positivo, se basan en quitarle rentabilidad al proceso ilícito, anulando las posibilidades con altos niveles de transparencia (que se pueda ver como detrás de una vidriera), junto con una numerosa participación de actores para volver inaplicable el pago de coimas a muchos decisores.

La devolución de gentilezas a De la Riva no excusa al gobierno de brindar, por lo menos, dos grandes definiciones. Por un lado, la operatoria de pago para los tenedores de deuda y la existencia de carriles paraestatales para gestionar expedientes. También los criterios que han utilizado para la asignación de obras públicas. En términos formales, para dimensionar los hechos de la semana pasada, el gobierno no está obligado a rebatir los dichos de De la Riva, aunque si debe ser cristalino en la administración de fondos.

La sensación de ausencia de corrupción era una de las principales virtudes del actual gobierno y una de sus cartas distintivas. Esto, incentivado por la propia gestión, obliga a brindar una amplía y pormenorizada rendición de cuentas sobre todo lo sucedido.

Redoblarle la apuesta a De la Riva sin aportar pormenorizadas explicaciones sobre el rol de Arias, parece ser un camino difícil de justificar. Deben, entonces, existir tantas respuestas como preguntas que se formulen. Así, entonces, las explicaciones sobre el ex presidente del IPRA son necesarias, mientras que los detalles sobre el trámite de gestión y pago de letras son obligatorios. La embestida a De la Riva fue una elección, y aquí radica la gran diferencia.

El gobierno no puede limitarse a presentar una denuncia ante la justicia. Para el caso que tenga la tranquilidad de que lo denunciado es un hecho basado en falsedades, no tendría que existir dificultades para brindar hasta el más mínimo detalle sobre todo lo puesto a la luz con la difusión de los diálogos mantenidos por el ex funcionario provincial.

La gestión de la gobernadora Ríos no ha sido salpicada por hechos que eran constantes en algunas de las gestiones anteriores, aunque esto no justifica tapar una situación que se muestra como aislada. También es necesario analizar el contexto del dialogo reflejado en los videos en donde se conversa sobre la existencia de una entrega de dinero a cambio de autorizaciones de pago. El pago de sobornos no se produce como excusa para la aprobación de una ley fundamental o para la compra de voluntades que garanticen una mejor gobernabilidad. No hay finalidad que justifique los medios. Por el contrario, todo hace pensar en desembolsos para construir las llamadas “cajas negras” o “cajas paralelas”, con las que se suelen financiar acciones opuestas a la legalidad.

Hay muchos interrogantes a dilucidar: ¿por qué se apartó Arias en su momento?, ¿lo visto sobre el caso Tapia es un caso aislado, fruto de una camarilla del gobierno?, ¿quiénes estaban al tanto de las irregularidades?, ¿Cuál es el mecanismo de pago?, ¿quiénes son los tenedores de la deuda provincial?, ¿qué servicios prestaron oportunamente?, ¿cuál es el orden y cronograma de pagos para cada uno de ellos?, ¿no es posible construir un listado público, de manera tal que la comunidad pueda realizar un seguimiento y evitar, así, situaciones indeseadas?.

La aparente estrategia de refutación fue intentar neutralizar al cartero (De la Riva) montando un escenario de conflicto preelectoral. Puede ser posible. Lo cierto es que, más allá de la denuncia del abogado riograndense, la comunidad espera una explicación contundente, sobre este hecho que salpica el núcleo duro de la honorabilidad del actual gobierno.

La comunidad fueguina confió la administración del Estado a una propuesta de gobierno que levanto las banderas de la transparencia y la institucionalidad. Ambos rasgos son dos caballos de batalla que enarbola Fabiana Ríos como logros de su gestión.

De nada vale eludir respuestas que, tarde o temprano, la propia Gobernadora tendrá que explicar ante un electorado que en breve tomará decisiones trascendentales.