www.guillermoworman.com
La inacción y desidia sobre el sistema de tratamiento de efluentes cloacales derivó en la intervención de tres fiscalías (de Estado, Federal y Provincial) y se tramita una acción civil por protección de intereses difusos ante la justicia provincial. El origen es el mismo: contaminación ambiental creciente y descontrolada.
La acción judicial presentada por varias organizaciones sociales, con más de centenar de adhesiones en favor de su objeto, pide la instrumentación de medidas para que el Estado deje de contaminar. Bastaría con reparar y poner en marcha el actual sistema de bombeo y emisión submarina, vincular las nuevas urbanizaciones y construir obras nuevas en zonas de la ciudad que no tienen tratamiento alguno. Sucede que la falta de acuerdo entre las partes deriva en la ausencia de acciones.
No hay que dejar de ver que el Gobierno contrató la realización de un plan director que tiene muy buenas apreciaciones técnicas. Sin embargo, ahora se aduce que durante el 2014 la Provincia solo se abocaría a contratar los pliegos para realizar las obras que recién entrarían en marcha (todo se ha planteado en potencial) entre 2017 y 2020. Quienes sacan cuentas comprendieron que la siguiente gestión afrontará los esfuerzos.
¿Hace falta un plan director para rehabilitar una cañería troncal, cambiar una veintena de bombas sumergibles, reparar el emisario submarino y restablecer un servicio que estaba en funcionamiento? La respuesta es no. El Plan Director se ha vuelto una excusa retórica para no entrar en los dos debates de fondo: a quién le compete la responsabilidad y cuánto presupuesto público se va a afectar para trabajar sobre las urgencias.
–¿Yo señor?, no señor.
–¿Pues quién se hace cargo de tratar los efluentes?
Es una parodia de muy mal gusto se repite sin fin. En la audiencia pública surgió nuevamente.
Es sabido que el incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios pueden derivar en responsabilidades administrativas, políticas y penales. Sobre esta base los fiscales se abocan a analizar los daños, el conocimiento de la situación, la negligencia y el grado de responsabilidad que a cada uno le compete. Hay que aclarar que quienes están trabajando no tendrán mayores consecuencias.
¿Qué sucede desde años por la falta de coordinación? Los niveles de afectación ambiental crecen en forma exponencial. Tal es así que la semana pasada, en la audiencia pública dictada por el juez a cargo de la causa, Alejandro Fernández, todos los actores coincidieron, de una u otra perspectiva, que la ciudad padece graves impactos ambientales que se van agravando con el paso del tiempo. Particularmente la presentación de la doctora Soledad Diodatto, investigadora del CADIC, reportó descomunales niveles de contaminación en algunos puntos críticos de la ciudad (Bahía Encerrada, el turbal frente a Monte Gallinero y la Bahía Golondrina). Lo preocupante no son los resultados de Diodatto sino que alertas similares ya habían presentado los investigadores del CADIC Omar Amín y Laura Comoglio en años anteriores. Diodatto da cuenta que la contaminación crece y que no es nueva. Otro dato no menor: el reporte de la consultora contratada por el Gobierno indica la disfuncionalidad de la planta de tratamiento del Hospital Regional Ushuaia. ¿De ser así, a dónde van a parar los efluentes hospitalarios?
Durante la audiencia se expuso que en algunos casos los niveles de contaminación están trescientas veces por encima de máximo permitido. Otro reporte, esta vez de la DPOSS, dio cuenta que el chorrillo que circula debajo de la calle Piedrabuena presenta niveles de contaminación cien veces por encima que lo establecido por la ley ambiental. Esa es la justificación del aroma hediondo del lugar.
A todo esto, la Legislatura ya sancionó la emergencia ambiental y la Fiscalía de Estado ha utilizado todos los medios que tienen a su disposición para que el Gobierno y la DPOSS tomen medidas preventivas y de remediación. Es decir: Ushuaia está en emergencia ambiental por ley. No es una conclusión apresurada, tampoco subjetiva o parcial.
El tan reiterado Plan Director es solo un tercio de las soluciones a implementar toda vez que de manera urgente comiencen las reparaciones y obras nuevas. Para esto es imprescindible la presentación de un cronograma de inversiones que comiencen durante el próximo verano 2013/2014. No hay que dejar de ver que hasta ahora no se habla de recuperación ambiental (sanear Bahía Encerrada y el turbal frente a Monte Gallinero, por ejemplo) y de acciones concretas de monitoreo, todos procesos necesarios para restablecer el ambiente costero de la ciudad.
Esta causa no ha tenido expresiones violentas. No se han ocupado espacios ni edificios públicos. No se produjo ningún corte de calles. No hubo escraches. Todo se tramita con suma racionalidad dentro de un expediente judicial. La causa tiene niveles extraordinarios de transparencia y participación, al punto de haberse producido uno de los hechos judiciales de mejor calidad de la historia del Poder Judicial de Tierra del Fuego. Evidentemente mucha de la dirigencia reacciona ante los primeros estímulos.
Todos quienes estamos vinculados con esta acción nos negamos a pensar que la solución se dará toda vez que se utilicen los mecanismos que tan a menudo solemos objetar. Queda en claro, entonces, que contaminar no es una saludable forma de hacer política. Invertir en el presente y futuro, sí. Si no, que nuestros hijos y nietos nos lo demanden.
0 comentarios:
Publicar un comentario