Inédito aval institucional al debate sobre el sistema de selección de jueces en la provincia de Tierra del Fuego

nota publicada en el Diario del Fin del Mundo

Por primera vez en la historia provincial se sentaron para discutir el tema miembros del Gobierno, legisladores, los poderes ejecutivos municipales, los concejos deliberantes, jueces, abogados especialistas, organizaciones sociales, gremios y la Universidad de Tierra del Fuego. Hubo acuerdo en que el régimen de elección de magistrados debe modificarse, pero hay posturas distintas acerca de cómo hacerlo. El debate fue enriquecedor. El martes próximo se confirman las audiencias públicas para que toda la ciudadanía interesada pueda dar a conocer su opinión.

La discusión sobre una reforma al sistema de selección de jueces en la provincia sumó ayer un importante aval institucional al agregarse a la mesa del Consejo Económico y Social (CEyS) una serie de actores que hasta el momento no habían participado del debate, al menos en forma conjunta.
Es que por primera vez en la historia de la provincia, el CEyS logró juntar para discutir el tema, a la gobernadora Fabiana Ríos y parte de su gabinete político, a integrantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, a legisladores y representantes de cinco de los siete bloques políticos (no hubo representación del MPF y de la bancada de Laura Rojo) que conforman la actual Cámara legislativa, a representantes de los poderes ejecutivos municipales de Río Grande y Tolhuin, a integrantes de los tres concejos deliberantes, a abogados expertos en temas constitucionales y de Justicia, a centrales de trabajadores, organizaciones no gubernamentales y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
Además, el encuentro llevado a cabo a partir de las 14 en Casa de Gobierno, contó con la exposición que brindó la integrante del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Pilar Tolder, quien describió desde la composición del organismo hasta el método de selección de magistrados que se aplica en ese distrito del país.
Entre los acuerdos, la totalidad de los expositores, incluidos los invitados especiales al encuentro, coincidió en la necesidad de reformar el sistema de elección de jueces que rige en la provincia, ya sea cambiando la conformación del organismo o modificando las reglas de evaluación y selección por otras que garanticen menores niveles de discrecionalidad.
Sin embargo, no hubo el mismo nivel de coincidencia sobre los pasos que se deben seguir para lograr ese objetivo. Están los que proponen simples cambios a la reglamentación, como dejó entrever el concejal de Ushuaia, Oscar Rubinos, hasta aquellos que defienden la necesidad de una enmienda institucional (modificación de un artículo de la Constitución) como impulsaron los abogados Federico Rauch y Antonio Aciar y miembros de la CTA, entre otros.
Por su parte, ayer se deslizó inclusive la necesidad de encarar una reforma más amplia de la Constitución, para cambiar otros artículos además del Consejo de la Magistratura. A favor de ello se expresaron el legislador Pablo Blanco (UCR) y el legislador Eduardo Barrientos (PJ), entre otros.
Otros funcionarios que estuvieron presentes fueron los legisladores Juan Carlos Arcando (FpV) y Amanda Del Corro (PSP) el secretario de gobierno de Ushuaia, José Luis Ghiglione, y de Río Grande, Paulino Rossi.
Desde la Asociación de Magistrados, tanto su titular, el camarista Julián de Martino, como el también camarista Ernesto Loffler, se mostraron proclives a una reforma e inclusive a una enmienda.
Sobre el cambio de composición del cuerpo, volvió a ser unánime, como en reuniones anteriores, la idea de retirar al Fiscal de Estado (se cuestiona su representatividad y que ocupe un cargo a perpetuidad) en tanto que hay varias posiciones acerca de quienes deberían integrarse. La mayoría opina que los jueces deben contar con una representación propia, y que deberían sumarse vecinos comunes y un representante de los empleados judiciales.
Acerca de la figura del Fiscal de Estado, el abogado Rauch la comparó con la de “un Papa” o la de “un juez de jueces permanente”. El propio juez Loffler manifestó que estaría de acuerdo con cambiar la integración del Consejo en ese punto.
“Estamos ante un hecho histórico para Tierra del Fuego, estamos construyendo un espacio que en las últimas dos décadas no se había conformado”, destacó Guillermo Worman, de Participación Ciudadana, y elogió “la calidad del debate que se da en esta reunión, para abordar un tema tan importante para la vida institucional”.


Audiencias públicas

Participación Ciudadana y la Universidad presentaron ayer los proyectos de reglamentación de audiencias públicas para debatir el sistema de selección y remoción de jueces.
Los documentos elaborados en conjunto por la ONG y la Casa de Estudios, con la colaboración del abogado Eduardo Olivero, fueron puestos a consideración de la comisión de trabajo del CEyS, y el organismo en pleno (con todos sus miembros formales) decidirá el próximo martes 6 de agosto en Río Grande si acepta la propuesta de realizar las audiencias y, en tal caso, si lo hace bajo los mecanismos planteados por las organizaciones participantes.
Aunque falta esa ratificación, la idea que se baraja desde diferentes sectores es la de realizar tres audiencias públicas: una en Ushuaia, otra en Tolhuin y la última en Río Grande.
Los encuentros serían convocados por el Consejo Económico y presididos por la Universidad, con la secretaría a cargo de Participación Ciudadana debido a su experiencia en este tipo de eventos participativos.
Las audiencias tendrán como objetivo central ampliar a la ciudadanía la posibilidad de debatir el proyecto enviado por el Gobierno al CEyS, que propone modificar las reglas de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona y remueve a los jueces.
Para ello, se abrirá una inscripción y cualquier ciudadano podrá ser orador en los encuentros, en tanto que también se cursarán invitaciones especiales a organizaciones sociales, legisladores (que después tendrán que intervenir en el tratamiento del proyecto en la Cámara) y expertos en la materia. Cada uno tendrá un tiempo definido de exposición, y aunque la audiencia no es vinculante, todo el material será filmado y documentado para aportar como herramienta de análisis legislativo.
Las fechas para las que se transformarían en las primeras audiencias públicas de esta naturaleza a nivel provincial (sólo las hubo con anterioridad para cuestiones ambientales) aún no están definidas, pero ayer se especuló con un calendario de tres semanas consecutivas durante el mes de septiembre.