Con la política a otra parte

nota publicada en El Diario del Fin del Mundo

Tenemos que ser cuidadosos ante las intentonas que buscan restringir el debate público. Hace años era válido pensar en una democracia distante, cuando las formas de comunicación eran impensables a los niveles de hoy. Estamos en tiempos de hiperconexión que posibilitan formas de interactuar que sonaban fantasiosas en décadas pasadas. Posiblemente tengamos que adaptarnos a que los cambios en la comunicación también deben implicar modificaciones en las formas de actuar político. Esto muy particularmente en las formas del ejercicio de la representación.
Me animo a hacer este planteo porque en los últimos días, sobre todo en relación a los debates sobre el futuro institucional de la Justicia de Tierra del Fuego, se suscitaron posturas muy restrictivas en relación a quiénes y dónde se pueden discutir temas de interés público. ¿Lo público queda dentro de las oficinas estatales? ¿Es la política un monopolio de los dirigentes partidarios?
Sonaron más a resabios conservadores de hace más de dos siglos atrás, cuando comenzó a formarse el cruel ideario del voto y la participación calificada.
Este ordenamiento espacial y territorial ( solo se puede debatir en la legislatura) es básicamente la construcción de una distribución del debate con rasgos excluyentes: se pueden discutir temas públicos por invitación y con autorización. Esto elimina toda posibilidad de cambio y de pluralismo de ideas.

El perfil de jueces que necesitamos no es una cuestión técnica que debe ser establecida por expertos. Resulta ser una decisión eminentemente política. Aquí está la base del conflicto que se está emergiendo. Esto sucede porque el actual proceso de selección de jueces se da de forma subterránea, gracias a decisiones que se cocinan bajo mesada. Es la definición que clarificó el representante por los abogados de Ushuaia, Antonio Aciar, al hablar de “ocultismo” en la última reunión del Consejo Económico y Social. El proceso puede ser o no público (entrevistar y votar ante espectadores), aunque se enmascara la representación de cada consejero, y los criterios con que optan por uno y otros candidatos. Ese nivel de publicidad no es más que una gran farándula. Solo se permite presenciar decisiones ya consumadas bajo tierra. Consienten que se miren decisiones que vienen cocidas de antemano.
Es tan así que, en más de una década, no se presenció una sola discusión profunda dentro del Consejo de la Magistratura: éstas se preparaban de antemano.
¿Qué argumentan? Que el público no va. Que no interesa. Tienen razón: a nadie le resulta atractivo presenciar un partido del cual se sabe el resultado con anticipación. Entonces, el público solo puede ver el resultado ya pactado. Tal es así que, decenas de veces, se sabía antes de iniciar las votaciones cuál sería el resultado de las mismas.
Como los criterios para elegir qué tipo de jueces queremos para la Justicia fueguina son una decisión eminente política es natural que se produzcan opciones que entran en conflicto. ¿Incluimos a la ciudadanía en general, como en Chubut? ¿deja de ser el Fiscal de Estado un consejero eterno? ¿no se hace un concurso basado en la merituación de antecedentes y la evaluación técnica de un examen y entrevista?
A nadie escapa que la discusión de fondo tiene relación con el manejo del poder. De allí que muchas expresiones ocultan el verdadero razonamiento que se esconde detrás de expresiones que solo quieren paralizar o limitar cualquier posibilidad de cambio. Ese status quo garantiza que las condiciones no se alteren.
La democracia no ha avanzado mucho en los últimos años. El gran logro ha sido la continuidad y la inclusión de minorías como nuevos electores. Sin embargo: no podemos elegir qué votar, seguimos optando entre candidatos. Votamos personas, partidos. No podemos decidir más allá de eso.
Lo nuevo es el nivel de insatisfacción que está teniendo la ciudadanía ante una democracia que se empequeñece. Quienes buscan este tipo de explicaciones se interrogan si el problema se basa en la similitud entre los diferentes partidos o si la posibilidad de hacer política sigue encerrada dentro del ámbito partidario.
Estamos debatiendo si el rol de la ciudadanía es elegir o participar. Hasta ahora nos vienen repitiendo la misma frase: “con la política a otra parte”. Para el caso, el actual sistema de selección de jueces es compatible con la lógica de un amplio sector que se beneficia (política y económicamente) con altos niveles de discresionalidad.
Resulta ser la diferencia entre pensar a la comunidad como simples electores o interactuar con ella como ciudadanos dispuestos a ingresar a la esfera de lo público. La diferencia es un juego de palabras: con la política en todas partes.