(especial para el diario del Fin del Mundo)
“Argentinos, a las cosas”, nos dijo en 1939 el pensador español José Ortega y Gasset. “Fueguinos, a las cosas”, podría parafrasearse hoy en relación a temas en donde nada se avanza y ante finales predecibles.
Veamos: en 2010 la jueza Adriana Rapossi condenó tenuemente al Gobierno de Tierra del Fuego a conformar una comisión interdisciplinaria junto con el Municipio de Ushuaia, la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios, entre otros, para realizar medidas conjuntas y solucionar problemas con la potabilización del agua y el tratamiento de los efluentes cloacales, junto con su consecuente contaminación ambiental. Así nació la tal mentada comisión que se ha puesto de moda en los últimos días. Condena mediante, no por voluntad política o mérito propio.
Un año más tarde, la Legislatura provincial declaró la emergencia urbana ambiental con la ley 862, prorrogada por un año más. También en 2011 se concretó la denuncia penal en la Fiscalía Federal de Ushuaia contra diversos funcionarios públicos por el presunto delito de contaminación. Allí, los magistrados judiciales entendieron que existía responsabilidad penal de varios jerarcas de la administración por la creciente corrupción ambiental de la ciudad. Fruto de esto se les requirió declaración indagatoria a responsables de la DPOSS y del Ministerio de Obras Públicas. También se pidieron una importante cantidad de medidas de prueba que autorizó a comienzos de este año el juez Federal Federico Calvete.
En aquel año, merced a un arduo trabajo de la Comisión Asesora del Plan de Manejo Integrado Costero (COPLAM), se sistematizó un detallado informe sobre la afectación de la costa de Ushuaia por el déficit y la falta de tratamiento de los efluentes cloacales en la ciudad. Básicamente, el reporte daba cuenta de la desinversión en la zona centro–oeste de la ciudad y la ausencia de infraestructura pública desde la Base Naval Ushuaia hacia el río Olivia. La cloaca iba (va) casi cruda sobre la costa.
Recién en febrero de 2012, dos años después de la sentencia “Bello”, el informe de la COPLAM y el avance de la investigación impulsada por la Fiscalía Federal de Ushuaia, se anunció que “tendrá lugar la primera reunión formal de la Comisión de Saneamiento Ambiental de Ushuaia (…)”. A las 14 horas de aquel 2 de febrero se consumó el mentado encuentro.
Con la emergencia ambiental bajo el brazo, el Gobierno provincial contrató una consultora que realizó lo que se conoce como el Plan Director de Agua y Cloacas. El trabajo llegó a una conclusión que parecía obvia de antemano: colocar una planta de tratamiento en la desembocadura del Arroyo Grande (donde se había proyectado una obra en la década del 80) y refuncionalizar y replantear la traza del emisario submarino ubicado en la cabecera oeste de la pista del aeropuerto Malvinas Argentinas, conjuntamente con la reparación de un sistema de impulsión fuera de servicio. Con recursos locales se hubiera llegado a una similar conclusión.
Un mes después, en marzo de 2012, el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, generó un dictamen lapidario sobre la situación ambiental de la ciudad, alertando sobre los riesgos que se estaban produciendo y los efectos dañinos para la población. No guardó adjetivos para calificar el accionar de los funcionarios provinciales con responsabilidad directa.
La Comisión de Saneamiento siguió trabajando a los tumbos. Se consumaban reuniones, se postergaban otras y se pivoteaba sobre el eje central de quién tenía la responsabilidad institucional de tratar las aguas cloacales de la ciudad. Hasta hoy no se sabe.
Un efecto concreto se produjo un par de meses atrás, ya en 2013, cuando la consultora contratada por el Gobierno presentó la segunda etapa del Plan Director. Luego de esto el Gobierno anunció lo siguiente: que comenzarían en 2014 a gestionar fondos ante organismos nacionales y que se presumía que las primeras obras entrarían en vigencia a partir de 2017, y una segunda etapa entre 2018 y 2014. Es decir: entre cuatro y once años desde entonces.
Hace tres semanas, sensación de frustración mediante, la ONG Participación Ciudadana presentó una demanda por protección de intereses colectivos ante la Justicia provincial. Se trabó ante la DPOSS y el Gobierno fueguino, a la vez que solicitó que se involucre al Municipio como tercero. La inteligencia fue plantear la necesidad de articular y definir roles entre los tres organismos con capacidad de revertir la situación. La acción fue en similar sentido a la iniciada en 2010 en Río Grande y a mucha mayor escala por la mega causa identificada como ¨Matanza–Riachuelo¨.
El Gobierno reaccionó convocando nuevamente a la Comisión de Saneamiento. Y se reunieron varias veces. Y el Gobierno reiteró gacetillas. Y cambió el discurso: ahora se empezó a hablar de obras que podrían llevarse adelante en el segundo semestre del 2013 y no la gestión de fondos a partir del 2014.
Ushuaia se ha ido contaminando gradualmente. En la década del 80 se inició una planta de tratamiento que nunca pasó del armado de sus cimientos. Durante la gestión del ex intendente Jorge Garramuño, ATN por medio, se tendió un colector central costero y se dragó el sedimento de Bahía Encerrada. Los impactos negativos ya estaban. Esta Comisión no descubrió nada nuevo, sólo que ahora, olor a letrina mediante, se han sentado a la mesa quienes siempre tendrían que haber estado.
Desde hace un tiempo atrás algo cambió: empezó a sentirse olor a aguas negras. Informes elaborados por biólogos del CADIC dieron cuenta de niveles de coliformes fecales entre cien y doscientos setenta veces por encima de los valores aceptables. Las calles Piedrabuena y Lassere huelen a inmundicia. Bahía Encerrada se transformó en un sumidero a cielo abierto y Bahía Golondrina es una bomba de tiempo ambiental.
Están haciendo falta obras de infraestructura. Se necesita un cronograma con plazos y montos de ejecución. Hay zonas que necesitan de saneamiento específico. Además, será ineludible empezar a medir la calidad del agua en varios sectores de la ciudad para monitorear su calidad y verificar si las obras están produciendo efectos positivos.
“Fueguinos, a las cosas”, nos dice hoy que la contaminación no se subsana con reuniones llenas de cámaras que filman para la televisión.
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