Dime cómo tratas a las cloacas y te diré quién eres
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El Faro Fueguino
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11 abr 2013 /
nota publicada en www.eldiariodelfindelmundo.com
Se ha instalado en Tierra del Fuego la apariencia como modalidad de gestión pública. Es un cóctel peligroso: se basa en aparentar ocupación sobre una temática y no tomar decisiones de fondo.
Así, distracciones mediante, llegó el día en que las jubilaciones de una caja millonaria empiezan a pagarse en cuotas, no se garantiza el suministro de agua potable, se discontinúan las clases en las escuelas públicas y todos los cursos de agua de la ciudad están integralmente contaminados. ¿Cómo puede haber más salud, con un único hospital y el doble de población? ¿el doble de vehículos y una estación de servicios menos (ahora hay una empresa de grúas) que hace una década atrás?
La cloaca que rebalsó el vaso
Hace más de un año, el Fiscal de Estado exhortó al Ministerio de Obras Públicas y a la D.P.O.S.S. a que “tomen todas las medidas que estén a su alcance para regularizar a la mayor brevedad el servicio de provisión de agua potable en la ciudad de Ushuaia, como así también para desarrollar la infraestructura cloacal necesaria por el riesgo socio ambiental que la deficiente red actual implica para la sociedad”. El funcionario determinó la “falta de previsión del Estado” como factor de riesgo para la población.
En su escrito el fiscal llegó a tal punto de sostener: “Si bien la mala administración puede suponer corrupción –entendiendo como tal, en sentido lato, la utilización de potestades públicas para intereses particulares– en otros casos reside en el mero funcionamiento irregular del servicio público causante de daños a la comunidad corporizada en el usuario”.
Martínez de Sucre acierta el análisis. Sostiene que “el mecanismo de elección del Presidente del organismo (hablando de la DPOSS) obedece a “razones políticas, pues no se observan elementos que marquen la aptitud de la persona propuesta para el cargo– esto es conocimientos técnicos, profesionales y laborales que acrediten idoneidad suficiente para dirigir esta clase de estructuras –, como así tampoco la existencia de conocimientos y/o experiencias afines a la naturaleza de los organismos que se proponían dirigir”. Tiene razón: militantes y amigos te bancan la campaña pero no gestionan eficazmente ministerios u organismos claves.
En simultáneo, merced a una denuncia penal presentada por el ex concejal (ARI) José Luis Verdile, la Justicia Federal de Ushuaia tramita una causa que jaquea a varios funcionarios provinciales.
A todo esto, a principios del 2012, en oficinas del Ministerio de Plantificación Federal, el gobierno nacional ofreció solventar la totalidad de las inversiones para construir el sistema de tratamiento cloacal de Ushuaia. Para sorpresa de todos los presentes, la propuesta no prosperó por los dichos del ex ministro de Obras Públicas Manuel Benegas. Entre otras cosas, el funcionario no llevó precisiones sobre las necesidades de inversión. El mecanismo ofrecido fue inyectar los fondos a través del Fideicomiso Austral.
La decisión fue inentendible. Un año antes, durante los primeros días de enero de 2011, la gobernadora Fabiana Ríos encabezó una reunión con distintos integrantes de la Comisión Asesora del Plan de Manejo Costero. La mandataria expresó la voluntad del gobierno de incorporar las obras estructurales dentro del mismo Fideicomiso y delegó la continuidad de la gestión de los proyectos en el mismo ex ministro de Obras Públicas.
Sin embargo, entre la denuncia penal y la intimación hacia los funcionarios provinciales, se produjeron avances en el sistema de potabilización de agua, que hacen prever mejoras para los años siguientes. No sucede lo mismo con la situación ambiental producida por los efluentes cloacales. Gracias a la emergencia urbano ambiental declarada por la Legislatura Provincial mediante la Ley 852, el gobierno contrató de forma directa la realización de un Plan Director. Este último se presentó la semana pasada y en las últimas horas se conocieron anuncios en cuanto a las inversiones. El gobierno sostiene que serán necesarios unos $150,000,000 , aproximadamente, para obras primarias y las operatorias comenzarían recién dentro de cuatro años, a partir del 2017. El segundo tramo entre 2018 y 2024. Además, el gobierno confesó que recién estarían estudiando la situación y cómo financiarla.
La respuesta de los funcionarios provinciales no se condice con la declaración de emergencia ambiental, una intimación urgente del Fiscal de Estado y la denuncia que se tramita en el fuero federal. A las claras, varios funcionarios no son consientes de la gravedad de la situación, aunque no desentona en un escenario en donde otros temas corren la misma suerte.
La cosa no está fácil. El Gobierno tiene la responsabilidad de tratar los efluentes cloacales, tal como lo hace con la potabilización y hay obligaciones compartidas con el Municipio en cuanto al saneamiento. Claro que, merced a la pésima relación institucional que hay entre unos y otros, pensar en salidas concretas y a corto plazo es una utopía en los tiempos que corren.
Sobre la desembocadura del arroyo Grande, justo detrás de la usina termoeléctrica, está abandonado un gran anillo de hormigón y una torreta del mismo material. Esa mole permite comprender los altos niveles de contaminación hídrica de las cuencas de Ushuaia y el hábito de vivir de las apariencias. Esos son los cimientos de la planta de tratamiento para los líquidos cloacales que empezó a construirse hace más de veinte años, pero que nunca se terminó. Aquella planta venía a resolver un problema que advertía desde hace años. Desde entonces han pasado más de dos décadas. Si la obra era necesaria, ahora es urgente. Cuatro años es un horizonte muy lejano para revertir situaciones que necesitan de medidas inmediatas

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