La moral de Virgilio Martinez de Sucre II: también denunció al fallecido magistrado Juan José Ureta

Nota publicada en www.sur54.com
Causa por terrenos del Club Andino: Martínez de Sucre pidió juicio político al juez Juan Ureta

 El Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre solicitó la recusación del juez en lo Civil y Comercial, Juan José Ureta, al mismo tiempo que presentó un pedido de juicio político en su contra. Es por considerar que su actuación en la causa iniciada a partir de la denuncia de la ONG ambientalista Finesterrae por el loteo de terrenos en una zona boscosa ubicada sobre la avenida Alem, responde a "intereses comerciales". Martínez de Sucre, junto a su esposa, son propietarios de un terreno ubicado en esa zona y pretendían construir cabañas para el turismo, un emprendimiento similar que posee la esposa de Ureta.

El Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre solicitó la recusación del juez en lo Civil y Comercial, Juan José Ureta, al mismo tiempo que presentó un pedido de juicio político en su contra. Es por considerar que su actuación en la causa iniciada a partir de la denuncia de la ONG ambientalista Finesterrae por el loteo de terrenos en una zona boscosa ubicada sobre la avenida Alem, responde a "intereses comerciales". Martínez de Sucre, junto a su esposa, son propietarios de un terreno ubicado en esa zona y pretendían construir cabañas para el turismo, un emprendimiento similar que posee la esposa de Ureta.
El juez había resuelto hacer lugar a la acción presentada por Finisterrae, habida cuenta de la existencia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que data de 1996, en la causa "Finisterre y otros contra Municipalidad de Ushuaia sobre protección de intereses difusos" -en donde desde la ONG se planteaba la imposibilidad de lotear ese sector perteneciente al CAU- y en el cual la sentencia sostiene que "…debe mantenerse el destino actual de espacio verde en la cuenca colectora superior del faldeo del Club Andino sobre la avenida Alem…". Ureta, basándose en esta sentencia y considerando que la misma se encuentra aplicable, resuelve que la Municipalidad de Ushuaia deberá abstenerse de "autorizar permisos de desmalezamiento, corte arbóreo, movimientos de tierra y/o construcción que impliquen la modificación del espacio verde", perteneciente al Club Andino. Es decir, que a pesar de tratarse de una propiedad perteneciente a una institución, el Municipio no puede autorizar el loteo y posterior venta de terrenos dada la importancia de la masa boscosa y el manto vegetal que cubren el predio y que sirven como prevención a posibles aludes o deshielo.

Cabe aclarar que Martínez de Sucre, junto a su esposa la Dra. Sandra Cincunegui, son uno de los tantos propietarios de los terrenos loteados y vendidos por el CAU. Era intención de este matrimonio llevar a cabo la construcción de un complejo de seis cabañas para fines turísticos, en una superficie de 800 metros cuadrados. Coincidentemente, la esposa del Dr. Ureta es propietaria de unas cabañas, ubicadas estas en el barrio Tolkeyen. No obstante no existir ninguna irregularidad en dichas actividades comerciales, a entender de un razonamiento efectuado por la esposa de Martínez de Sucre, Ureta adoptó su decisión basado en "intereses comerciales". Ahondando en este concepto, la mujer del Fiscal de Estado de la provincia -que no es querellante en la causa- entiende que "no hay que ser demasiado avezado en la materia para darse cuenta que emprendimientos como el que pensaba llevar adelante quien suscribe, como así también los restantes adquirientes al Club Andino, obviamente significan una seria competencia para el emprendimiento comercial que tiene el cónyuge del Dr. Ureta [..] lo que obviamente conspiraba contra sus intereses personales y comerciales".


Entiende de este modo Circunegui que Ureta debiera haberse excusado de intervenir en la causa, atento este "conflicto de intereses". Asimismo, la letrada apeló la decisión del juez Ureta, que deberá ser elevada a la Cámara de Apelaciones.
Reiterando la aclaración, la abogada entiende que el razonamiento del juez civil se basó en una cuestión puramente comercial -expresando que las cabañas del matrimonio Martínez de Sucre-Circunegui podrían competir con las suyas- y no en la existencia de un fallo anterior que establecía la prohibición de construir en la zona.