Editorial del diario La Nación: Tierra de injusticias

editorial publicada en www.lanacion.com.ar
Es de esperar que la justicia fueguina revoque un fallo que atenta contra el control del manejo de la cosa pública

Desde esta columna nos hemos ocupado de la situación institucional que presentan varias de nuestras provincias como consecuencia de graves fallas que padecen. En tal sentido, la Justicia en Tierra del Fuego ha sido objeto de nuestra preocupación. También hemos destacado la tenaz, creativa y eficiente labor de la organización Participación Ciudadana, que ha permitido un indiscutible avance de la calidad institucional de esa nueva provincia pero con viejos vicios, la que ha comenzado a desempeñarse conforme las reglas que exige una República.

Guillermo Worman, director de esta entidad, es un destacado dirigente de la sociedad civil que ha sido objeto de medidas persecutorias por parte de funcionarios. La escalada en su contra, lejos de detenerse, se tornó alarmante ya que acaba de ser condenado con una fuerte sanción pecuniaria por daño al honor.
El proceso fue iniciado por Virgilio Martínez de Sucre, fiscal de Estado fueguino, al entender que la crítica pública lo había perjudicado como consecuencia del pedido de juicio político que le había iniciado Participación Ciudadana. En efecto, en 2002, dirigentes sociales solicitaron la remoción del funcionario por entender que el responsable del organismo de contralor provincial había deliberadamente omitido realizar controles de legalidad de numerosos actos de gobierno que terminaron por ser revocados. Además, el fiscal fue cuestionado por su desempeño como único miembro permanente del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego, donde se produjeron cuantiosas designaciones que terminaron en escándalos que tuvieron lugar en varios de los juzgados de la Justicia más austral del país.

El responsable del organismo de control entendió que su honor se había afectado tanto por las criticas de la citada ONG como por el pedido de destitución ante la Legislatura fueguina. La sentencia condenatoria no puede sino alarmar a todo aquel que crea en la libertad de expresión y en la necesidad de la intervención de la comunidad en los asuntos públicos en todo sistema democrático.

La jueza actuante pareciera desconocer los rudimentos que regulan el derecho de expresar libremente las ideas y su sucedáneo que es la sana crítica, no solo como una facultad individual sino como un bien social pues sirve para controlar el manejo de la cosa pública.

En tal sentido, tanto nuestra Corte Suprema de Justicia como la Interamericana de Derechos Humanos han establecido en sucesivos fallos que, en un sistema democrático, los funcionarios públicos tienen un umbral distinto de protección, que los somete en mayor grado al escrutinio y crítica del público, sencillamente porque se han expuesto voluntariamente a un examen más exigente.

Otra de las razones por las que se sostiene el umbral distinto de protección es que, debido a su condición -que implica una mayor influencia social y una mayor facilidad de acceso a los medios de comunicación-, éstos tienen más posibilidades de dar explicaciones o responder a los cuestionamientos que se les formulen. Estas manifestaciones surgen del reciente fallo "Fontevecchia/ D'Amico" del citado tribunal interamericano, así como en el ya célebre caso Kimel, que obligó a que nuestro país derogue el delito de calumnias cuando el afectado es un funcionario público.

Este fallo enciende una señal de preocupación y de protesta ante hechos de esta naturaleza que, lejos de ofrecer una oportunidad de mejoramiento institucional, marcan un claro retroceso en el que intervienen los peores vicios de un sistema de connivencia entre funcionarios que esperamos sea reparado con la decisión de la Cámara de Apelaciones tendiente a revocar tan lamentable sentencia. De lo contrario, la condena colocará a un referente social como Worman a la intemperie de la ley y, al resto de los ciudadanos, a merced de un sistema de justicia que los amenaza en lugar de proteger la participación democrática más allá del voto