Post elecciones 2011: el temor a la ciudadanía

Nota publicada en el Diario del Fin del Mundo.
Terminadas las elecciones, finaliza el encantamiento electoral. Lo que sigue, hasta la próxima vez que los electores sean útiles, es un tiempo en donde los representantes comienzan a distanciarse de los votantes.
El ciclo se repite sin mostrar demasiada evolución. Se basa en el mito de ciudadanos incompetentes en donde la dirigencia entiende que debe asumir el control absoluto de todas las decisiones públicas y limitar la intervención de la comunidad. Sin embargo, hay que pensar la restricción de la ciudadanía para comprender algunos de los procesos públicos como la consecuencia y no la causa de no permitirle a los ciudadanos participar y decidir sobre asuntos de gran interés. Es el principal prejuicio del sistema democrático.
La democracia, entonces, empieza a ser cada vez más indirecta y los ciudadanos tienen vedado el acceso a intervenir sobre la vida pública. Son, aunque suene contradictorio, los sujetos pasivos del gobierno del pueblo.

Sin ir muy lejos, algunos avances hemos visto de cerca en Ushuaia, con la incorporación de nuevos mecanismos introducidos por la sanción de la Carta Orgánica. Son herramientas de gobierno que permite a la comunidad intervenir en la toma de decisión: audiencias públicas, el presupuesto participativo, la iniciativa popular, la banca del vecino, la revocatoria de mandatos, el sistema de elección de concejales por preferencias, el libre acceso a la información, la Comisión de Información y Debate Ciudadano, entre otros. Los estatuyentes también legaron los más modernos organismos de control y representación: la Defensoría del Vecino y Sindicatura Municipal. Si bien todos tienen vida, ninguno goza de muy buena salud; principalmente la defensoría vecinal que es sistemáticamente boicotea por la dirigencia local.
La intervención directa de los vecinos de Tierra del Fuego genera una mezcla de pánico, miedo y desesperación en la gran mayoría de la dirigencia provincial. Los ejemplos sobran, muy particularmente en las sucesivas legislaturas que se niegan a reglamentar mecanismos que tienen 20 años de historia, como la Iniciativa o Consulta Popular, que nunca fueron reglamentados.
El pasado 26 de junio fuimos víctimas de la ficción de intentar ejercer el derecho constitucional de tachar candidatos a legisladores. Pues, sin bien se puede jugar, no se puede ejercer: alguna conformación anterior de la Legislatura anuló lo dispuesto por los constituyentes llevando el piso inicial del 3% al 50%.
Aquí no se plantea la inmadurez de vivir en una asamblea permanente, mucho menos de plebiscitar funciones básicas y rutinarias de los gobiernos, como limpiar o no las calles, garantizar la salud, seguridad y educación. Para todo eso están los administradores públicos. Lo que se promueve, es la participación de la ciudadanía en procesos fundacionales y extraordinarios de la vida democrática local: ratificar o preferir a los que sean considerados mejores candidatos a concejales, opinar y presentar propuestas en los proyectos de presupuesto, debatir temas estructurales en audiencias públicas, desmonopolizar la iniciativa de leyes y ordenanzas a través de su presentación por parte de vecinos y organizaciones locales, garantizar el libre acceso a la información, conocer y monitorear la recaudación y el destino del dinero de todos, son ejemplos válidos de ello.
Después de 150 años de vida constitucional, seguimos con los mismos criterios de ejercicio del poder, basados en no permitir que la ciudadanía participe de manera directa en la toma de decisiones esenciales. Elegir representantes en la Legislatura y en el Concejo Deliberante de Ushuaia no puede ser pensado como un acto cerrado a la voluntad de los afiliados de los partidos o al dedo decisor de los líderes partidarios. Previo a intentar reformar los mecanismos electorales, como han anunciado los electos Silvio Bocchicchio, Eduardo Barrientos, Walter Vuoto, entre otros, sería conveniente analizar una seria reforma política, que, por ejemplo, defina mecanismos para limitar la apropiación personal de las bancas o la instantaneidad del armado de estructuras partidarias sobre la coyuntura electoral.
Repasemos, no más lejos, cuántas candidaturas pasaron por procesos internos partidarios en la reciente elección y en el hecho de que los nombres de los candidatos eran más conocidos que el de los partidos recientemente creados. La respuesta es desesperante: los candidatos a dedo se impusieron por sobre la institucionalidad. Por ejemplo, el PSP es un partido político prematuro (no llega al año de vida) y es insostenible pensarlo en términos de institucionalidad. No dista demasiado la situación de la gran mayoría de los partidos que se han presentado, a excepción de los tradicionales PJ, UCR y MPF, que por cierto fueron a procesos internos para validar a sus respectivos candidatos.
Entonces, antes de pensar en restringir la participación, habría que razonar en cómo ampliarla.